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Las muertes de la "mano dura" (PARTE II)

En la nota anterior se hizo una breve descripción sobre algunas políticas que implementó el Gobierno provincial para disminuir el delito, que llevadas a los números, han acrecentado el presupuesto para la seguridad. En los últimos 8 años, el dinero destinado a estas acciones, aumentó en 2.593 millones de pesos. En el año 2002 el presupuesto total en servicios de seguridad, esto incluye Seguridad y Sistema Penitenciario, era de 1.247.964.898; en 2008 ese número se triplicó a 3.841.942.660 pesos.



Entre los gastos en seguridad del último año, $2.228.327.340 en personal, sin prever las subas salariales de algo más del 23% para los agentes de la policía bonaerense: un superintendente que cobraba $9.109,91, pasó a ganar $11.093,84. También se destinaron $4.000.000 en motos; se compraron patrulleros nuevos, cada uno costó $ 30.000, y de los 7000 que tiene la fuerza de seguridad, 3000 están en malas condiciones, pero no son dados de baja y se cobra el combustible como si estuvieran en marcha .
El gasto también cubre la capacitación de nuevos agentes al servicio de la comunidad, que renuevan la cara de la policía, y subsidios de $ 2.300 a policías heridos en ejercicio de su actividad. A pesar que la provincia cubre los gastos en seguridad, los municipios bonaerenses destinan de $12.000 a $200.000 mensuales en la materia.

La provincia de Buenos Aires gasta por preso, $2.233. Las leyes, como la 12.405, dictadas por los funcionarios multiplican cada año el número de privados de la libertad; en la actualidad existen 30000 encarcelados, de los cuales el 60% se encuentra sin sentencia. El gobierno gasta en detenidos $66,990 y en personal del Servicio Penitenciario Bonaerense $728.446.340 .
El número de miembros del Servicio Penitenciario en comparación con la cantidad de presos representa el 31.5%, cuando la normativa internacional establece que debe haber dos agentes por cada preso, uno para seguridad y otro para rehabilitar.
El presupuesto total de la provincia de Buenos Aires para el año 2002, superaba los 9.000 millones de pesos, y el de seguridad era de 994.000 millones; el presupuesto para el 2008 fue de 35.000 millones, de los cuales $3.841.942.660 fueron destinados a servicios de seguridad, $2.707.135.486 a salud, y $ 768.187.300 destinados a vivienda y Urbanismo. Los números indican que la distribución de los porcentajes en servicios a la comunidad, benefician casi el doble al presupuesto de seguridad, dejando por debajo a la salud, y el de vivienda y urbanismo materia importante en la sociedad; otro dato interesante es que la provincia, tiene un total 77 hospitales públicos, 350 comisarías, y 40 cárceles.
Las cifras indican un aumento del presupuesto destinado a seguridad y paralelamente, el aumento de inseguridad en la provincia bonaerense. Siete de cada diez personas, fueron atacados por la delincuencia en el último año. El 73% de los encuestados en el ITC -Índice del Temor Ciudadano- de este año, afirmó haber sido víctima -él o alguien de su familia- de algún hecho delictivo en lo que va del 2008.
A pesar de las políticas llevadas a cabo por el gobierno en los últimos 8 años, la sensación de inseguridad ha aumentado considerablemente. Este año, el 81% de la población bonaerense, consideró que corre riesgo de ser víctima de un delito, y el 34% de ellos teme ser víctima de un secuestro. El año anterior, respecto de esos mismos ítems se habían manifestado el 77 y el 22%, lo que representa un aumento del 5%, en el caso del temor al delito, y del 54,5%, en el caso de los secuestros .


Otra cifra que crece

Por otro lado, pero en la misma curva de crecimiento, la cantidad de víctimas de abuso de poder policial también se ha multiplicado. Si bien, las políticas llevadas adelante por el gobierno parecen una sistemática lucha contra la delincuencia, el aumento de la sensación de inseguridad, y el número de delitos, dan cuenta de que esas normas solo facultan a la fuerza policial para cometer transgresiones en cumplimiento de sus tareas.
Desde el 2002 hasta lo que va del 2008, se iniciaron 10589 causas judiciales denunciando a policías bonaerenses y agentes del servicio penitenciario, por violaciones a los Derechos Humanos. Del total 3617 son a policías de la provincia y 1789 a agentes del servicio penitenciario. Del resto, no está registrado a que fuerza pertenece el acusado.
En el 2000, se registraron 408 causas judiciales, en el año 2002 fueron iniciadas 1336, en el 2005 se informaron 1465, en el 2006 un número de 1067 causas, y un resto de 1344 no se encuentran diferenciadas. Desde el 2005 hasta el 2007, las causas fueron discriminadas de la siguiente manera: 2807 fueron por apremios ilegales, 71 por amenazas, 48 por lesiones, 21 por incumplimiento de los deberes del funcionario público, 15 por privación ilegal de la libertad, 7 por homicidio, 7 por abuso de servicio autoridad, 1 por abuso de armas, y 373 sin datos.
El personal de la policía contiene un total de 50.000 efectivos, en tanto que el penitenciario tiene a su cargo otros 13805, el total de la fuerza de seguridad es de 63805 agentes. Si se considera un policía por causa, un 8 % del cuerpo policial estaría implicado en hechos de abuso de poder, y si se consideran 15 agentes del Servicio penitenciario por causa, esto indica que cada empleado estaría involucrado en 2 causas judiciales, por delitos de abuso de autoridad y de arma, tortura, apremios ilegales, homicidios, lesiones, y privaciones ilegales de la libertad. .
Según el informe 2007, realizado por el Comité contra Tortura, en el Departamento Judicial de La Plata las causas llegaron a 776, lo que implica un 7% del total de la provincia. Los departamentos más afectados por las denuncias, son San Isidro, con más de 2 mil causas (21%), y Azul con 1294, (12%) del total. El informe también demuestra que de las 712 causas, establecidas en La Plata, desde el 2000 al 2007, se encuentran en trámite 496, archivadas 11, elevadas a juicio solo 1, en estado de incompetencia y con sentencia ninguna, mientras que 204 se hallan sin datos.
Las causas judiciales registradas, han demostrado un aumento importante de victimas de abuso de poder policial; solo un porcentaje reducido de policías fue culpado como corresponde. El poder judicial avala las prácticas delictivas de funcionarios públicos, y el Gobierno lleva adelante leyes enmarcadas en la mano dura, que otorgan más poder e impunidad a las fuerzas se seguridad, más dinero destinado a la seguridad, y una sensación de inseguridad que se multiplica año a año, en la provincia de Buenos Aires.

Publicado por Cynthia en 19:41

Etiquetas: Actualidad